IMSS. Outsourcing: evasión patronal y sindicatos de protección

Gustavo Leal Fernández

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007 ya documentaba el crecimiento de los microempresarios informales que no registraban establecimiento propio respecto a los que lo hacían conforme a la Ley. Hasta el 66 por ciento de ellos eran adultos jóvenes entre 25 y 49 años.

Con el argumento de que “la competitividad no está por encima del incumplimiento del Estado de Derecho”, en 2008 el IMSS enfrentó la oposición patronal a la regulación del outsourcing.

El crecimiento de la economía informal, la contratación bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios -creado por la Secretaría de Hacienda- y la falta de adecuada fiscalización frenaba el registro empresarial al IMSS. Entre 2005 y 2007 sólo una de cada 10 fue dada de alta. El IMSS reconocía que “hay un problema muy grande de economía informal y de trabajadores que cobrando sólo por comisiones y honorarios, no tienen protección”.

Bajo la figura de esos honorarios, el alta del trabajador coincide con que el patrón retiene el impuesto y lo entera directamente al fisco. A pesar de disponer de un convenio específico con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el intercambio de sus bases de datos, la fiscalización del IMSS con miras a evitar la elusión-evasión de cuotas obrero-patronales  para este tipo de esquemas ha sido escandalosamente pobre. La disparidad de datos entre el IMSS y el INEGI ha sido también evidente.

La misma Auditoría Superior de la Federación (ASF), sostuvo que el IMSS incumplía su Ley (Artículo 251) al dejar de afiliar a quienes estarían obligados. En 2008 apenas 19 por ciento del total de los obligados lo hacían. De los4 millones 290 mil obligados a registrarse, 3 millones 475 (81 por ciento) entre personas físicas y morales estaban fuera del registro.

Para la ASF, las herramientas informáticas que simplifican los trámites de afiliación: IMSS desde su Empresa; kioscos informáticos y la difusión cartas de derechos y deberes patronales, eran insuficientes. Por tanto, recomendó al IMSS que instruyera a quien corresponda para que se realicen las gestiones necesarias “a fin de implementar programas de aplicación de cobertura, a efecto de garantizar el registro de los patrones y demás sujetos obligados a los que les corresponda afiliarse a la seguridad social y así cumplir con lo dispuesto en la Ley”.

A los trabajadores afiliables al IMSS y que no lo están, el patrón los “esconde” en su propia casa.  Datos  institucionales revelan que, para 2008, del total de asalariados que deberían estar cotizando y no lo hacen, 27 por ciento laboraba en el domicilio de su patrón. Este segmento excluye a los trabajadores domésticos, que de acuerdo con la ley no son de afiliación obligatoria. Influye también el desconocimiento sobre los derechos de los trabajadores. La ley señala que para tener una relación laboral no es necesario el contrato escrito, sólo mantener subordinación (trabajo asalariado) con un patrón. Según estimaciones del IMSS, 90 por ciento de estos trabajadores que deberían estar afiliados sólo tienen un contrato verbal. Entre los trabajadores que laboran sin local, el IMSS destaca que la proporción de asalariados que están en casa del patrón es más grande que los ambulantes.

A partir de 2008, el SAT, junto con el IMSS, INFONAVIT y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), verificarían las empresas dedicadas a la prestación de servicios profesionales y suministro de recursos humanos para evitar la evasión y elusión fiscal de “cantidades inmensas” por medio de subcontratistas. Un grupo especial para realizar auditorias a 445 firmas que ofrecían sus servicios con la oferta de dejar de pagar nómina y prestaciones para reducir los costos laborales hasta en 30 por ciento.

Según Carlos Cárdenas Guzmán, entonces vicepresidente de Asuntos Fiscales del IMCP, las autoridades fiscales ya tenían identificado “hasta el automóvil que maneja el principal promotor de este esquema de evasión porque, además es el único Rolls Royce de su tipo en México”. La expansión del mercado de subcontratistas se daba bajo las figuras de  sociedades cooperativas, sociedad en nombre colectivo, integradoras e integradas, sociedades de solidaridad social y hasta sindicatos y uniones.

En  el caso de una cooperativa, por ejemplo, se afiliaba como socios a los trabajadores de una persona moral para evadir el registro del IMSS, SAR e INFONAVIT y las respectivas aportaciones. Se eliminaban el aguinaldo y vacaciones, así como el impuesto sobre nómina y el reparto de utilidades.

Hay que agregar el severo impacto de los sindicatos fantasmas de protección sobre las finanzas del IMSS. Durante 2008 detentaban cerca del 92 por ciento de los contratos colectivos del país, cobrando altas cuotas y controlando la sindicalización. La masa de dinero en juego corría a través de “igualas” mensuales a pseudo líderes sindicales para mantener “en paz” a los trabajadores. Dirigentes y despachos de abogados al cargo de la venta de protección sindical para las empresas, cobraban cuotas por trabajador y recibían “pagos especiales por evento”: despidos masivos y recorte de prestaciones entre otros.

Esa figura de outsourcing pretende ser legalizada en la “reforma” panista de la Ley Federal del Trabajo presentada al Congreso el 18 de marzo de 2010, publicitada por el secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano y que se ha ganado a pulso el más unánime de los repudios.

Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 21 de agosto de 2010

Levy, Beltrones y Peña Nieto: ¿más tragedias como la de la Guardería ABC?

Gustavo Leal Fernández


Después de su funesto y nunca sancionado paso por el IMSS-Fox, Santiago Levy pretende regresar con el PRI-Beltrones-Peña Nieto a imponer fatalmente -ahora en la seguridad social- otro fracaso como el PROGRESA (OPORTUNIDADES) financiándolo con IVA generalizado a fármacos, alimentos y servicios “sin excepción”.

Su enredada y tecnocrática “propuesta”: oootra “reforma” social publicitada por políticos ayunos de agenda, intelectuales orgánicos, analistas a modo y académicos jilgüeros, quiere desestructurar la integralidad de las prestaciones IMSS-ISSSTE para sustituirlas con un “universalismo” de paquetes mínimos en materia de pensiones-retiro, seguro médico, de vida y de invalidez, a la imagen y semejanza del Seguro Popular de Frenk.

Un presuntuoso “Seguro de Derechos Sociales Universales” que agrega ¡generosamente! uno de riesgos de trabajo -sólo para los asalariados- y otro de desempleo “modesto”, en reemplazo de la indemnización por despido.

La nueva pesadilla de Levy equivale 5 puntos del PIB: 30 mil millones de dólares. Para “instrumentarla” sería preciso elevar la impuestación. ¿Cómo? Homogeneizando la tasa del IVA a 15 por ciento para todos los bienes y servicios sin excepción, justamente en esos mismos 5 puntos del PIB. Ese impuesto sería entonces bautizado como “contribución para los derechos sociales universales”!!      

Pero como con el Seguro Popular, el problema de fondo es que el enredo Levy y su fantástica “propuesta” tributaria no garantiza lo que ofrece: la pensión de retiro (en Afores) apenas sumaría el 30 por ciento del último salario devengado y el seguro médico sería racionado, como muestran sobradamente sus cuestionadas UMAES-IMSS.

Recientemente Alberto Díaz Cayeros preguntó ¿qué ofrece México al resto de Norteamérica? Sin dejar de reconocer la asimetría con los EUA y Canadá, respondió, una visión alternativa para detonar la cooperación regional permite ordenar las siguientes “oportunidades complementarias”: la estructura de edad de México es más joven; los trabajadores indocumentados son muchos porque sus servicios son necesarios; la competitividad internacional de la industria automotriz, electrodomésticos y otros sectores sólo son concebibles si los trabajadores mexicanos son parte integral de los procesos de producción; los servicios personales que requieren nuestros vecinos de la tercera edad se podrían ofrecer en comunidades de retiro en México; incluso hay “grandes ventajas complementarias” en servicios financieros, telecomunicaciones e informática (Reforma, 9.8.09).

Lo que ofrece México son los servicios “necesarios” de ¿cocineros, meseros, camareras, nanas, jardineros y lavacoches, entre otros?

Como señalara el tecnócrata Ernesto Zedillo en junio de 2009: la mejor manera de promover la “igualdad de oportunidades” es vía la provisión de “servicios básicos de salud y educación” así como la construcción de la infraestructura del “capitalismo popular”: que las personas en condiciones de pobreza tengan “identidad” legal, “certeza” en sus derechos de propiedad y acceso a instrumentos modernos de “ahorro e inversión”.

Justo el enredo de Levy que constituye la miserable política “social” del país diseñado por el priísmo autoritario de Carlos Salinas hace 27 años y continuado, sin siquiera, chistar por el panismo de Fox y Calderón.

Un “modelo” que, incapaz de crear empleo formal para realmente ampliar el horizonte del bienestar, sólo sume en un deterioro creciente la red pública de salud y seguridad social y ahora -siguiendo el enredo Levy- quisiera reducirla a meros paquetes “universales” básicos no garantizados como el Seguro Popular. Migajas de “derechos” para una ruidosa “ciudadanía” carente de deberes estatales integrales.  

Como con ese Seguro Popular, el balance de PROGRESA-OPORTUNIDADES está aún por hacerse. Pero su costo social es patente: dádivas sociales “condicionadas” que empeoran a la baja los servicios, aunque preservan el uso electorero (Zedillo-Fox-Calderón) de los recursos. Dádivas que esquivan la red de seguridad social pero parasitan de ella. “Programas que dan salud” y “elevan” el desempeño presidencial.

La “nueva” reforma Levy arropada por Beltrones y Peña Nieto es la “agenda” de una elite en decadencia imposibilitada para abrir al debate nacional todo aquello que desborda el país salinista empeorado por Calderón.

Esa agenda efectiva, además de establecer las varias responsabilidades de Levy en su funesto paso por el IMSS -que culminaron en las 49 muertes de Hermosillo-, debería iniciar actualizando un esquema integral de salud y seguridad social correspondiente al nuevo cuadro económico, seguido de una estrategia precisa para corregir los problemas estructurales de la operación de la red.

Ese es su reto y no un esquema de “seguridad social” que achica prestaciones, sólo para expandir un Presupuesto de Egresos al servicio de los poderes fácticos. Una propuesta integral con un compromiso explícito de mejora en los servicios que ya pagan derechohabientes, patrones, ciudadanos y usuarios de la red.

Pero frente al reto, Beltrones y Peña Nieto pasan frivolamente a escape reproduciendo con comodidad el enredo Levy, cuando en términos estrictos deberían vertebrar una propuesta orgánica para el sector (pensiones, salud, prestaciones económicas y sociales) en consonancia con los políticos del siglo XXI que aspiran ser.

Ambos se contenta con anticipar un “esquema universal” montado sobre meros paquetes básicos como los del Seguro Popular de Frenk. Y agregan “si éste es el propósito y hace falta dinero, entonces sí busquemos una profunda reforma fiscal”. ¿Entonces sí? Pero sucede que los recursos ya están ahí.

¿Podrán ambos reproducir de propia voz -sin tarjetas, con claridad, sencillez e incluyendo los nuevos impuestos contemplados- el enredo de quién diseñó el contrato letal de la guardería ABC?

Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco se publcó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 7 de agosto de 2010.

La investigación en salud con déficit de inversión: SS, Indispensable para mejorar la calidad de vida.

Jani Luna González

El secretario de salud, José Ángel Córdova Villalobos participo en la inauguración del primer encuentro Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS) 2010, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT, y el sector Salud, ahí el Secretario Córdova aseguró que la inversión en este rubro ha sido menor del 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB), y según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la inversión promedio en investigación y desarrollo en los países en vías de desarrollo fue de 0.5% del PIB.

Puntualizó el secretario, que la investigación en salud es indispensable en todos los ámbitos de la medicina para instrumentar acciones encaminadas a proteger a la población de riesgos, comprender mejor la etiología de las enfermedades, el proceso salud-enfermedad, así como el desarrollo de intervenciones médicas, tecnológicas, modernas y eficaces.

Además, la investigación en salud genera conocimiento y éste, bien aplicado, mejora las condiciones y la calidad de vida de la población, pero es necesario incrementar los recursos en este rubro, ya que hay un déficit de inversión.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México cuenta con 15 mil 481 investigadores registrados, de los cuales 9.3% pertenece al área III de medicina y ciencias de la salud, en 2006 era de 10.5%; es decir, hubo un decremento en el número de profesionales de este rubro, y del total de investigadores, sólo 32% son mujeres, en el Distrito Federal se concentra casi 40% de ellos, seguido del Estado de México con 5.7%, Jalisco con 5.1% y Morelos con 4.9%; es decir, estas cuatro entidades concentran casi 55% de estos recursos.

Ante este panorama, el Secretario de Salud aseguró que es urgente identificar los avances, oportunidades y deficiencias en la investigación en ciencias de la salud, para lo cual se realiza un minucioso estudio que oriente hacia las acciones que se deben tomar.

Al respecto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, solicitó a las autoridades hacendarias     que se le conceda el rango de prioridad a la inversión en salud, educación superior e investigación, y no está fuera del rango de las finanzas públicas de México, de hecho, “ninguna economía  del mundo se ha metido en aprietos por invertir en investigación o en educación superior”.

Comentó que se debe asegurar que se haga investigación en el campo de la salud, ya que además de ser un imperativo ético, es necesaria para dar una mejor atención a los pacientes y proporcionarle diferentes opciones.

El director de Investigación Aplicada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Guillermo Aguilar, informo que del 11 al 13 de agosto, se presentarán alrededor de 300 de los más de 900 proyectos que recibieron apoyo económico del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS).

Añadió que el Fondo se creó en 2002 para apoyar proyectos de investigación aplicada en salud de todo el país con financiamiento de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y el CONACYT. También ha erogado más de 30 millones de pesos para la formación de estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado.

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Romeo Rodríguez Suárez, señaló que el FOSSIS establece cada año las demandas en las que deben presentar proyectos, como los padecimientos más frecuentes, desarrollos tecnológicos, métodos diagnósticos, problemas de salud de grupos vulnerables y evaluación de las políticas de salud.

Eso no es todo, destacan la evaluación de un medicamento sintético para osteoartrosis, la implicación de factores genéticos y ambientales en el desarrollo de cáncer gástrico, el hallazgo de que espermatozoides de personas con linfoma de Hodking tienen daño cromosómico antes de recibir cualquier tratamiento y mayor riesgo de cáncer.

En la inauguración del Encuentro FOSSIS que se realiza en la Facultad de Medicina de la UNAM, también participaron la directora general de Políticas de Investigación en Salud de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, Patricia Ostrosky Shejet, y el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Santiago Echevarría Zuno.