viernes, 17 de diciembre de 2010

¿Cumpliendo la ley del IMSS para el outsourcing?

¿Cumpliendo la ley del IMSS para el outsourcing?

Gustavo Leal Fernández

En junio de 2010, la STyPS del calderonista Javier Lozano reconoció que la tercerización de trabajadores era utilizada “indebidamente” para “disfrazar” las relaciones laborales, ocultar salarios reales del personal y para evadir o eludir las obligaciones  patronales, afectando los derechos “consagrados en la legislación”.

Toda vez que la Ley Federal del Trabajo “no prohíbe la tercerización” ¿qué propone?: sancionar y combatirla a “fondo”. ¿Cómo? Regulando el outsourcing como forma legal de contratación a través de la repudiada reforma panista a la LFT presentada al Congreso el 18 de marzo de 2009, porque “prohibirlo” restaría “competitividad” a “nuestra” economía.

A octubre de 2009 el formato para que las empresas de outsourcing y los empleadores reportaran al IMSS el número de trabajadores contratados aún no estaba listo.

Para Raymundo Urbina, gerente de seguridad social de Adeco, la mayor carga administrativa será para las empresas que no cuenten con un registro patronal. Mientras Eduardo Ayala, director de planeación estratégica y operaciones de Kelly Services, coincidió en que hacer el reporte será complejo por el volumen de clientes que manejan, que son más de 500.

Aunque Sony de México, ADT Private Security Services, Ford Motor Company  y Ogilvy & Mather se ampararon contra la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley del IMSS (julio 2009) que acotan el outsourcing e imponen multas y embargos. Se oponen al cambió que sufrió el artículo 15-A y que las obliga a cumplir -en caso de que su proveedor no lo haga- la falta de prestaciones a sus empleados, aunque no los haya contratado directamente. Las reformas también establecen la obligación de las firmas subcontratistas de informar al IMSS lo referente  a todos los contratos que firmen con sus clientes, incluidos los detalles sobre cuántos trabajadores participan en cada proyecto.

“Por querer eliminar el outsourcing malo, que busca evadir el pago de impuestos y prestaciones, se está afectando la subcontratación válida y legal”, dijo Gabriel Pizá, especialista en derecho laboral del despacho Basham, Ringe y Correa e informó que sólo ellos presentará alrededor de 230 amparos.

Por el contrario, Thierry Gonet Crabos, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), consideró que sólo las empresas que no cumplen hoy con la ley podrían tener problemas con la modificación al artículo 15-A, por lo que descartó que alguno de sus socios busque la opción. “De las empresas afiliadas a AMECH ninguna se amparo cotizar al Seguro Social y pagar las aportaciones no creo que sea un tema negociable, la ley es la ley, y hay que cumplir lo que dice”.

Por su parte, Martha Barroso, directora de Business Unit Support de Manpower, consideró positiva la reforma dado que eliminará a la competencia desleal de outsourcing. No nos ampararemos”.

Y es que el potencial de la tercerización es enorme. Un estudio de KPMG reveló que, a partir del 2012, el negocio en Latinoamérica (México, Brasil, Chile y Colombia) significará 450 mil MDD: 4 por ciento del mercado mundial, liderado por China, India y Malasia.

Sin embargo, según la AMECH, durante 2009 sólo dos de cada 11 trabajadores obtuvieron base luego de haber sido contratados bajo la tercerización. Y el promedio de duración de los contratos eventuales para los que no se colocaron definitivamente sumó 7 meses. 195 mil trabajadores recibieron altas-IMSS vía outsourcing, pero 160 mil regresaron a la calle, mientras sólo 35 mil pasaron a ser de planta.

En el caso de los sectores sociales, servicios, administrativo, construcción, farmacéutica e investigación tecnológica los trabajadores subcontratados alcanzaron 26 por ciento del total. En la agricultura, silvicultura y pesca, 39 por ciento. En restaurantes y hoteles 42 por ciento. En Gobierno 37 por ciento.

Las entidades federativas con mayor demanda fueron Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Chihuahua.

Los puestos para los que se requirió más personal fueron: demostradores (3-4 mil 500 pesos), promotores de ventas (4-5 mil pesos), atención a clientes (4,500- 7 mil 500 pesos), operativos (3,500-6 mil pesos) y puestos administrativos (7-12 mil pesos).

Por niveles de edad, 33 por ciento de los contratados estaban entre 21 y 25 años, 26 por ciento 26-30 años y 24 por ciento 31-45 años.

De los menores de 21 años, 10 por ciento lograron obtener empleo, y sólo 8 por ciento de los mayores de 45 años se colocaron.

Según KPMG, para abril de 2010, 84 por ciento de las compañías utilizaron el outsourcing parareducir costos y sólo la minoría buscaron la innovación.

Se dio incluso el caso de un alto ejecutivo despedido por Coca Cola y que la demandó -por fraude genérico o simulación- al valerse del outsourcing para evadir el reparto de utilidades y otras prestaciones que por ley le correspondían.

Para la AMECH las firmas de outsourcing podrían evadir la friolera 2 mil 400 MDP anuales de cuotas obrero-patronales. Y ello sin siquiera considerar que, hasta el 80 por ciento de los contratos colectivos de trabajo (CCT) registrados en las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje, son de protección. Ello potencia la evasión de las responsabilidades patronales. Y en mayo “urgía” al gobierno para que acelerara la regulación sobre cooperativas que operan en la ilegalidad dado que, desde julio de 2009, se había iniciado un operativo nacional.

¿Y el combate “a fondo” de Javier Lozano?

Redacción:

El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 11 de diciembre de 2010.

martes, 7 de diciembre de 2010

TELEVISA embiste a Proceso

TELEVISA embiste a Proceso 

Desde las cloacas del periodismo, TELEVISA abre campaña contra el semanario Proceso

*La acometida se da en el contexto en que la publicación señala presuntas relaciones de Juan Camilo Mouriño con el narco

Juan Monrreal López

Diciembre 7 del 2010

http://www.democratanortedemexico.com

http://www.democratanortedemexico.blogspot.com

Torreón, Coahuila.- La noche del 1 de diciembre, Joaquín López Dóriga -conductor de “El Noticiero”, programa estelar de Televisa, donde se leen noticias-, abrió su informativo con tono grandilocuente: “Acusan al semanario Proceso de recibir dinero del narcotráfico para acallar información”, al tiempo que en la pantalla aparecía la cabeza de la publicación para que inmediatamente surgiera la figura de Sergio Villarreal Barragán, inundando la pantalla con un cintillo bajo su estampa, “ DENUNCIA DE UN CAPO” (Sic).

Después, con gesto adusto, durante medio minuto, López Dóriga, “El Teacher (¿?)” se dirigió a las cámaras para desvelar, -según él-, las relaciones de la revista y el reportero Ricardo Ravelo, como beneficiarios del dinero del narco.

Detrás, con voz en off, el reportero Mario Torres, a lo largo de 5 minutos y medio y con apoyo en las declaraciones de Sergio Villarreal “El Grande”, se dedicó a “documentar”, como se habrían amarrado 50 mil dólares para Ravelo con el fin de no mencionar a “El Grande” en la publicación.

Al día siguiente, por la mañana, en una nota de apenas 510 palabras, la agencia informativa APRO destacó que “Proceso rechaza estas afirmaciones y denuncia que se trata de una agresión en su contra orquestada por el gobierno de Felipe Calderón en contubernio con Televisa”.

APRO señaló que “la embestida en contra de Proceso se da en este contexto de notas periodísticas que tocan directamente al presidente de la República y al que fuera su principal colaborador, Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia y secretario de Gobernación”.

Remató: “no es la primera vez que Televisa orquesta campañas contra empresas, personajes políticos e inclusive otros medios de comunicación que afectan sus intereses. Tampoco es la primera vez que Televisa se presta como instrumento del gobierno federal para golpear a medios de información críticos”.

En el noticiero incriminatorio, Felipe Calderón Hinojosa concedió una entrevista exclusiva al “Teacher (¿?)” para analizar los cuatro años de su gobierno y después, en el programa de “análisis” Tercer Grado, los participantes de éste, aseguraron que Proceso ha perdido la mayoría de sus lectores, y le dedicaron 34 minutos de orquestados ataques en la transmisión.

Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, Denisse Maerker, Adela Micha y Leopoldo Gómez, se dieron baños de pureza enalteciendo su rigurosidad “profesional”.

Habría que recordar que más de 100 mil manifestantes han repudiado a estos locutores por su proclividad a tergiversar hechos y cerrar espacios a voces distintas en las zonas radioeléctricas de televisión y radio.

Coincidentemente, al señalar las presuntas relaciones de Juan Camilo Mouriño con narcotraficantes; otro personaje de la política y compadre de Felipe Calderón, el senador coahuilense y aspirante a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, ha aparecido citado,- como lo ha sido en distintos números de la edición-, junto al “El Grande”, lo que molesta de sobremanera al compadre del presidente, quien incluso sostiene que mantiene demandada a la publicación y a un reportero del semanario por “daños y perjuicios”.

Como apunta la agencia APRO, “esta semana, en su edición número 1778, Proceso publica un reportaje sobre el uso de los testigos protegidos a conveniencia del gobierno federal. En el epígrafe de ese reportaje se apunta: "Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación Limpieza, se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten, cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables".

APRO termina: “Y es justamente este uso "a conveniencia" del testimonio de "El Grande" el que ahora utiliza el gobierno federal, a través de Televisa, para agredir a Proceso”.

Proceso 1779

En la edición del domingo 5 de diciembre -1779-, el semanario Proceso asesta un golpe demoledor a la estirpe de López Doriga, muestra una foto del “Teacher” inclinado e inmundo frente a Calderón Hinojosa. Proceso cabecea: “A sus órdenes, señor” y al interior de sus páginas documenta ampliamente la agresión de la televisora como emisaria de Calderón.

La guerra calderónica utilizando a Televisa en contra de PROCESO apenas inicia.

Ya agarramos nuestro lugar.

jmonrreall@yahoo.com

domingo, 5 de diciembre de 2010

Estados ejercerán el 85% del presupuesto de Salud, Informe de Salud por el cuarto año de gobierno.

Estados ejercerán el 85% del presupuesto de Salud

Informe de Salud por el cuarto año de gobierno.


1 de diciembre de 2010

El secretario de Salud,  José Ángel Córdova Villalobos, presentó los logros en salud como parte de los diálogos con motivo del cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, ahí  puntualizó que 85% del presupuesto de la Secretaría de Salud (SS) se ejercerá por los estados, y se utilizarán para gastos de operación e inversión.

El ejercicio del presupuesto en la SS es de 100% y si bien en algunos casos ha habido retrasos de semanas en la distribución de recursos, se debe a que las reglas de operación obligan a las entidades federativas a la comprobación de gastos, como parte del cumplimiento del orden administrativo y la transparencia, dijo.

Agregó que desde el 2005, el Seguro Popular no ha sufrido merma alguna en cuanto al presupuesto, por lo que 2010 se cerrará con casi 42 millones de afiliados y se alcanzará el objetivo de 49 millones en 2011.

Detalló que de esa forma, el próximo año se completará la cobertura universal, es decir que más de 90% de los mexicanos tendrá algún tipo de seguridad social como IMSS, ISSSSTE o Seguro Popular, el porcentaje restante es de las personas que no estén interesadas en afiliarse.

Sin embargo, aclaró, con los resultados del CENSO 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se deberán considerar cuatro millones más de personas susceptibles de afiliarse al Seguro Popular, para alcanzar la cifra de 53 millones.

Se preveían 49 millones de personas en el Seguro Popular, explicó, pero con los datos del Censo de Población 2010, hay que hacer un recalculo, comentó, sin embargo, la dependencia tiene la viabilidad operativa para continuar inscribiendo a todos los que soliciten este tipo de seguridad.

Por otra parte, Córdova Villalobos mencionó que con el Seguro Médico para una Nueva Generación se han atendido 45 mil casos en menores con enfermedades graves como asfixia al nacimiento, septicemia, desnutrición fetal y otros. Mientras que la atención del cáncer infantil con el Seguro Popular ha permitido que siete de cada 10 menores con leucemia sobrevivan, cuando antes de su creación fallecían siete de cada 10.  

Dijo que el incremento del presupuesto del ramo 12 facilitó la homologación de las prestaciones de todos los médicos de esta dependencia, que era un problema desde hace 15 años, por lo que a partir de 2011 habrá igualdad en los derechos laborales, lo que implicó un presupuesto de 15 mil 800 millones de pesos.

Indicó que el reto es avanzar hacia la integración del sector, para el cual iniciaron acciones como el padrón nacional de derechohabientes y beneficiarios, mediante la utilización de la Clave Única de Registro de Población, porque se ha detectado que en estados como Colima o Aguascalientes de 6 a 8% de los habitantes tienen dos tipos de afiliación.

Otros mecanismos de integración son el Expediente Clínico Electrónico que consiste en la digitalización de la información médica, las 302 guías de práctica clínica -se prevé llegar a 450 al término de la administración-, con el fin de mejorar la calidad de la atención; la Comisión Coordinadora para la Compra Consolidada de Medicamentos, con la que se ahorraron más de nueve mil millones de pesos en dos años.

Asimismo, operan los Convenios de Intercambio de Servicios para la atención de emergencias obstétricas, con el que todas las mujeres embarazadas con alguna urgencia tienen derecho a recibir atención en cualquier unidad médica, aunque no sea derechohabiente. Como ésta, se analizan otras 376 intervenciones ambulatorias, de hospitalización, auxiliares de diagnóstico o tratamiento de especialidad.

Durante su ponencia, el titular de Salud también habló de los avances en vacunación, infraestructura, VIH/SIDA, dengue, Caravanas de la Salud, adicciones, cáncer en la mujer y combate al sobrepeso y obesidad, entre otros.