Confirmado: el TPP extenderá las patentes

Gustavo Leal Fernández

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) evaluó en diciembre 2012 los textos -que no son públicos- sobre propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) y su conclusión fue inequívoca: en ellos se busca extender los tiempos de duración de las patentes de medicamentos. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) ya había revelado las intenciones de las grandes farmacéuticas de los EUA.

¿Cómo? Sin establecer un estándar y dotada de un esquema elástico, la nueva protección dependerá del retraso en los procesos legales y sanitarios que pudieran impactar sobre el arribo del fármaco al mercado. Tal que la protección podría extenderse, según el caso, tres, cinco o más años.

Según Dagoberto Cortés de CANIFARMA la extensión se pretende garantizar frente a las siguientes dos situaciones: cuando “la autoridad encargada de otorgar la protección de patentes (el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, IMPI) pueda retrasar el proceso y, otro, cuando la autoridad encargada de otorgar el permiso de comercialización (COFEPRIS) se dilate más allá de lo que establece la Ley General de Salud (artículos transitorios) para el registro sanitario. Ambos tiempos serían adicionados al tiempo efectivo de la protección patentaría” (El Financiero, 10.12.12).

¿Quiere decir que si el IMCO y la COFEPRIS hacen bien su trabajo no habría posibilidad de extender las patentes? Porque, ciertamente, sería del todo aventurado conjeturar que ambas autoridades fungieran en calidad de “cómplices” de la extensión patentaría siendo, además, que ambas ya asistieron a la 15 Ronda de negociaciones del TPP celebrada en Auckland, Nueva Zelandia del 3 al 12 de diciembre, dónde México participó formalmente como miembro por primera vez.

Pero los textos también se refieren al aumento en el tiempo de exclusividad de los datos clínicos que amparan los estudios empleados para manifestar la eficacia y seguridad de los fármacos presentados ante las autoridades sanitarias. El TPP aspira a incorporar un período de tiempo adicional a los cinco años que estipula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a fin de preservar el uso restringido de esa información.

Esta medida podría impactar sobre el arribo de los genéricos al mercado, toda vez que los fabricantes se sirven de esta información para avivar el proceso de investigación.

En la opinión de Olivia Patiño, titular de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables (AMEGI), una eventual extensión de las patentes “impactaría la disponibilidad de medicamentos para los pacientes y afectaría a la industria fabricante de los medicamentos genéricos”. Y es que, en los próximos cinco años, 83 fármacos perderán la protección, 40 por ciento de ellos de alto impacto económico. Al extenderse la patente, los productores de genéricos no podrían introducirlos al mercado.

Según Patiño, los genéricos “son entre 30 y 89 por ciento más baratos que los de marca, también llamados de referencia, lo cual permite al paciente tener disponibilidad económica para estudios clínicos. La empresa innovadora tendría más años para explotar el producto y la pérdida sería para los laboratorios genéricos y la industria en general (El Financiero, 10.12.12).

La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) documenta que las ventas privadas de genéricos (por unidades) cerraron 2012 con un incremento del 25 por ciento y representan el 54 por ciento del mercado mexicano. En total, el mercado de genéricos y de patente creció un 4 por ciento en unidades y un 8 por ciento en valores. (Reforma, 24.12.12).

Por su parte, la COFEPRIS presume que, entre octubre-2011 y octubre-2012, dispensó patentes de 25 sustancias activas para el colesterol, disfunción eréctil, esquizofrenia, asma, trombosis, presión arterial, depresión y cáncer, entre otros. Ello se tradujo en la autorización de 181 nuevos genéricos, mientras que el ahorro acumulado -para los próximos cuatro años- ascenderá a 14 mil 665 MP. Estas patentes, sostiene, “abarcan 71 por ciento de las enfermedades más recurrentes entre los mexicanos” y en algunos casos “la entrada del genérico presionó a la baja hasta en 82 por ciento el precio del tratamiento (esquizofrenia)”. Los pacientes ahorrarán, en promedio, 600 pesos, el sector público ahorrará e incrementará su capacidad para atender más enfermos y para los fabricantes nacionales se eliminarán barreras de entrada al mercado farmacéutico.

Claro que COFEPRIS también aprobó 60 nuevos medicamentos de patente con un valor de mercado de 78.4 MP y un costo promedio de 100 mil pesos anuales (Reforma, 27.12.12).

Además de la propiedad intelectual, a la CONCAMIN le preocupa también el capítulo de las Empresas de Estado. En él se contempla cumplir ciertas disciplinas para que las unidades paraestatales se “comporten como firma privada y comercial, en igualdad de condiciones cuando se provee un servicio” (El Financiero, 13.12.12).

Para el gobierno de Peña Nieto -a través de la Secretaría de Economía al cargo de Ildefonso Guajardo-, la participación de México en un acuerdo que, como el TPP pretende pactar 27 capítulos, es relevante “en la medida que permite incidir en el diseño de un régimen de liberación de los flujos de comercio e inversión para la región Asia-Pacífico, diversificando nuestras oportunidades de exportación” (El Financiero, 13.12.12).

Pero ¿a costa de sacrificar a los pacientes que pagan de su bolsillo privado los medicamentos y también a las grandes instituciones de la seguridad social, IMSS e ISSSTE, que constituyen el principal comprador público?

Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 19 de enero de 2013.

Seguro Popular ¿Guerrero como Tabasco?

Gustavo Leal Fernández

Ya desde 2006, frente al federalismo centralista del Seguro Popular diseñado por Julio Frenk y Francisco Gil Díaz -que Fox y Calderón publicitaron electoreramente sin pausa-, los trabajadores de la salud guerrerenses reclamaron que los servicios estatales fueran devueltos a la Federación. La demanda se había escuchado antes en Tlaxcala y Zacatecas. Después de Chiapas y Oaxaca, ahora explotan las anomalías con los recursos del Seguro Popular en el que fuera un estado “modelo”: el Tabasco de Granier.

La historia del más reciente avatar sanitario sureño, se agravó en 2008 y era ya insostenible en 2010.

Con 3 millones 300 mil habitantes, Guerrero se ubica entre los estados con más bajo índice de seguridad social. Dispone de 13 hospitales generales que operan deficientemente (estructura, equipo, personal), 2 hospitales materno-infantiles, ninguna instalación de tercer nivel y mil unidades de atención primaria en malas condiciones, atendidas por pasantes. Y aunque cuenta con los institutos estatales de cancerología y oftalmología (organismos públicos descentralizados), ellos son virtualmente inaccesibles a la mayoría de la población depauperada. La red no cumple con los estándares en atención de urgencias y nueve de los 13 hospitales generales rebasan la ocupación recomendada, mientras la atención de segundo nivel (cesáreas) se encuentra en nivel crítico.

En el principal hospital de Acapulco, el Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, escasean los medicamentos del cuadro básico y no sirven los elevadores. Falta de todo. Cuando no se descompone una caldera, no hay agua; las enfermeras piden jeringas al hospital del ISSSTE; no hay guantes, gasas, ropa, anestésicos ni antisépticos. El hospital se cae. Por falta de insumos dejaron de practicarse cirugías programadas. Desde 2008 al aparato de rayos X le falta una pieza. 80 pacientes son remitidos diariamente a un laboratorio privado que cobra 500 pesos por placa sencilla. Los técnicos atienden con un equipo portátil que no cumple la NOM: carece del dosímetro. Las nuevas mastografías no tienen revelador y licencia. Los servicios se suspenden.

Y sin embargo, Guerrero es una entidad con mayor afiliación al Seguro Popular: poco más de un millón dotados de un presupuesto de casi 4 mil MP del que poco beneficio obtienen sus “beneficiarios”: ocupa el primer lugar en muertes maternas -con los hospitales de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Chilapa a la cabeza- además de malos tratos a los afiliados, desabasto crónico, infraestructura insuficiente y agudos conflictos con las contrataciones.

En mayo de 2010 el vocero del gobernador Zeferino Torreblanca admitió que, el Gobierno Federal no liberaba los recursos del Seguro Popular porque habían impuesto a los Estados “rigurosos” trámites para realizar la gestión. “No tenemos todavía los recursos, pero estamos trabajando con un remanente. La gente no se ha quedado sin el servicio”, remató.

Pero en marzo de 2011, mientras Calderón presumía sin tregua su fantástica cobertura “universal”, la prensa nacional difundió una extravagante foto donde el regidor del PVEM, Fernando Reina Iglesias, esquiaba a pie descalzo en la laguna Pie de la Cuesta arrastrado por un helicóptero de la SSA-Guerrero, adquirido dos años antes en 30MP para el traslado de pacientes ubicados en comunidades lejanas en extrema pobreza con recursos del Seguro Popular, pero que el Gobernador Torreblanca empleaba en giras.

Pocos días antes, Guerrero vivió otro extraño suceso: una cuadrilla de misteriosos incendiarios prendió fuego a los archivos del Seguro Popular que se encontraban, coincidentemente, en una oficina contigua a la Secretaria de Finanzas, a menos de un mes de que el Gobernador Torreblanca entregara el poder al expriísta, ahora perredista, Ángel Aguirre.

La ASF detectó desvío de recursos y presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud local: en 2008 subejercicio de 40 MP, en 2009 anomalías por 2 millones 500 mil pesos en bonos y compensaciones, además de medicamentos caducos, de lento o nulo movimiento, surtimiento en nivel crítico y aviadores. Se pagaron salarios a “comisionados” y otorgaron plazas de médico especialista a personal que no contaba con los requisitos. Durante el sexenio de Torreblanca fueron removidos del cargo dos secretarios y seis subsecretarios.

La propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud -responsable federal del Seguro Popular-, reconoció en 2010 que la carencia de medicinas afectó a la mitad de los asegurados, aunque según la encuesta de satisfacción, 71 por ciento de los usuarios se dijo “satisfecho” con la entrega de fármacos.

Las quejas de los proveedores por motivos de incumplimiento se hicieron sonar. La Comisión tiene la obligación de transferir los recursos a las entidades trimestralmente, siempre que previamente reciba los documentos que acreditan que el gobierno del estado realizó su aportación para la operación de los servicios y aumentó el número de afiliados. En 2009, Guerrero cumplió esta disposición sólo hasta el segundo trimestre, por lo que las transferencias federales se redujeron en más de la mitad de lo previsto para ese año.

Al finalizar marzo de 2011 la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad solicitar a la ASF y a la Auditoría General del Estado que levantaran una investigación a la Secretaría de Salud local.

A pesar del desabasto crónico en las regiones más marginadas, en abril, la Secretaría local dio de baja más de una tonelada de medicinas del cuadro básico porque nunca salieron del almacén y caducaron.

Como Tabasco ¿puede celebrar Guerrero la cobertura “universal” panista?

Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez el sábado 5 de enero de 2013 en el periódico La Jornada.

¿Regionalización de los recursos del Seguro Popular?

Gustavo Leal Fernández

Por la naturaleza del diseño extraordinariamente centralista del Seguro Popular, para así racionar tecnocráticamente el paquete de “derechos” o “beneficios” que publicita (Catálogo Universal de Servicios Esenciales, CAUSES), el programa no mejoró el panorama sanitario. Esa naturaleza se expresa, además, en una operación programática crecientemente comprometida que no se resolverá sin ajustes profundos y de fondo al modelo federalista no funcional en curso. Se trata de un serio problema que deberá enfrentar, tarde que temprano, el equipo de Peña Nieto si de mejorar efectivamente el perfil de la salud de los mexicanos se tratara.

Con el pretexto de imponer nuevas obligaciones en materia de transparencia a estados y municipios, la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental sólo reforzará la naturaleza disfuncional de ese federalismo y operará como el garrote de la tecnocracia hacendaria frente al desafío que ya anticipan las tres arenas de conflicto entre la federación y los gobernadores: la disputa por los recursos, los programas y la definición de las políticas públicas.

Opacada por la reforma laboral y sin dejar de reconocer el severo problema de endeudamiento y corrupción en estados y municipios, muy poco se debatió que esta nueva Ley -violentando la división de poderes y desplazando a la Auditoría Superior de la Federación- solidifica la tiranía hacendaria al concentrar y centralizar, ahora, el ejercicio del gasto público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo que -en rigor- se trata de funciones establecidas para el Congreso de la Unión y las legislaturas locales (artículos 79 y 134 constitucionales).

Son los estados quienes animan la Federación. No a la inversa. El reto es preservar la coordinación federal sin aplastar la soberanía estatal. El federalismo centralista del Seguro Popular -diseñado por Julio Frenk y Francisco Gil Díaz- no respeta el principio madre de todo federalismo: un contrato voluntario entre iguales. Pisotea la soberanía sanitaria de los Estados y les impone, desde el centro, un cuadro racionado de morbi-mortalidad vía el paquete CAUSES.

Cuando, como bien aprecia Pablo Beramendi, en un verdadero federalismo se trata de garantizar gobiernos eficientes, evitando que ellos crezcan injustificadamente. Además de la pesada burocracia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a las 32 Secretarías Estatales de Salud hay que sumar 32 oficinas burocráticas más denominadas Régimen Estatal de Protección Social en Salud! El federalismo del Seguro Popular impide gestionar descentralizadamente las necesidades propias a cada nivel territorial, coordinando esfuerzos entre partes soberanas.

En el largo plazo las ventajas del federalismo se palpan en que su claro diseño, justo en lo político y lo económico, se traduce en un compromiso permanente del nivel federal hacia un colectivo de entidades que se benefician por esa misma lógica federal y que rebasa sus soberanías particulares.

Como casos extremos, la fatal operación del Seguro Popular en Guerrero, Chiapas y Oaxaca muestra exactamente lo contrario: el injusto diseño federal devasta la producción de servicios. Políticamente no hay autonomía de las entidades, pues no participan en la formación de la voluntad del conjunto de la federación. Económicamente, la distribución de los costos y beneficios no es equilibrada. El mecanismo de seguro con que la federación debería redistribuir los recursos no llega a las entidades que más lo necesitan desde las más productivas.

El federalismo del Seguro Popular acusa las desigualdades entre las entidades del cuadro federal e incentiva que el conflicto sea cada vez más intenso. Este marco no cambiará con el arribo de Peña Nieto a la Presidencia de la República. El paisaje se agravará en cuanto los gobernadores presionen para garantizar “sus” recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y “debatan” la orientación de las políticas públicas del gobierno entrante.

Hay que agregar la previsible imposición del sistema de seguridad social “universal”, que, hasta ahora, sólo contempla servirse del actual estado de cosas, sin enfrentar de raíz los desafíos que demanda la ciudadanía del Siglo XX1.

El gran pendiente de ese federalismo disfuncional es cuánto tardará la maduración en la gobernanza como para que la precisa definición de las competencias de la Federación alcancen la debida precisión constitucional, reservando a la soberanía de los Estados todas las restantes. Entre ellas, muy señaladamente, la de orientar su propia política de salud y seguridad social ajustada a sus perfiles demográficos y de morbi-mortalidad.

En ausencia de esta voluntad política seguirá imperando la tiranía fiscal hacendaria -ahora fortalecida con la Ley General de Contabilidad Gubernamental- así como el racionamiento tecnocrático de las prestaciones sanitarias que impone el Seguro Popular y sus programas afines: las 13 intervenciones del componente de salud del Programa PROGRESA-OPORTUNIDADES; las 284 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales (CAUSES), las 58 del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGF) y las 131 del Seguro Médico Siglo XXI (antes para una Nueva Generación).

Como bien documentaron los gobernadores para el caso de la seguridad nacional de Peña Nieto: “nos parece muy acertada la regionalización de la estrategia y no llevar de manera generalizada problemas a donde no existen o no coinciden con otras latitudes, pero sí afinar con inteligencia y con estrategia cada una de estas en las regiones” (Reforma, 18.12.12)

En lo inmediato y mientras se reforman de raíz las reformas parches al IMSS e ISSSTE ¿sería ésta una ruta temporal para el Seguro Popular?

Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 28 de diciembre de 2012.