Violencia Obstétrica

Jani Luna González
20 febrero de 2012

La diputada Laura Arizmendi Campos advirtió que la mayor parte de las cesáreas practicadas en instituciones del sector público no cuentan con justificación médica y representan el 30 por ciento del total de nacimientos atendidos.

“Las mujeres embarazadas pueden verse expuestas a tratos inhumanos, violatorios a su derecho a la información y a la toma de decisiones sobre su embarazo, así como del proceso de alumbramiento por parte del personal de salud”, indicó.

En este sentido mencionó que, de acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna de México, durante el 2010 por cada 100 mil nacidos vivos fallecieron 52 mujeres. Las entidades que registran la mayor incidencia son Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo y Distrito Federal.

“El embarazo es una condición que exige de atención médica durante la gestación, el parto y el puerperio, e implica para las mujeres llevar un adecuado control médico, recibir información acerca de la alimentación, dietas y actividades durante el embarazo”, afirmó.

Por lo anterior, presentó una iniciativa para incluir el término violencia obstétrica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para considerar este tipo de acción como “toda conducta u omisión que ejerza el personal de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio”.

Esto debido a que las denuncias en este campo tienden a diluirse, pues no siempre es posible probar los maltratos en el ámbito médico, medir la negligencia o cuestionar las decisiones tomadas por un profesional de la medicina.

La iniciativa señala que serán causas de violencia obstétrica los tratos deshumanizados; prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la esterilización forzada; la omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas.

Asimismo, alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo; el abuso de medicación o uso de técnicas de aceleración, sin que sean necesarias; practicar el parto vía cesárea cuando existan condiciones para el parto natural; y no propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa médica justificada.