Gustavo Leal Fernández
Con el argumento de que “la competitividad no está por encima del incumplimiento del Estado de Derecho”, en 2008 el IMSS enfrentó la oposición patronal a la regulación del outsourcing.
El crecimiento de la economía informal, la contratación bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios -creado por
Bajo la figura de esos honorarios, el alta del trabajador coincide con que el patrón retiene el impuesto y lo entera directamente al fisco. A pesar de disponer de un convenio específico con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el intercambio de sus bases de datos, la fiscalización del IMSS con miras a evitar la elusión-evasión de cuotas obrero-patronales para este tipo de esquemas ha sido escandalosamente pobre. La disparidad de datos entre el IMSS y el INEGI ha sido también evidente.
La misma Auditoría Superior de
Para
A los trabajadores afiliables al IMSS y que no lo están, el patrón los “esconde” en su propia casa. Datos institucionales revelan que, para 2008, del total de asalariados que deberían estar cotizando y no lo hacen, 27 por ciento laboraba en el domicilio de su patrón. Este segmento excluye a los trabajadores domésticos, que de acuerdo con la ley no son de afiliación obligatoria. Influye también el desconocimiento sobre los derechos de los trabajadores. La ley señala que para tener una relación laboral no es necesario el contrato escrito, sólo mantener subordinación (trabajo asalariado) con un patrón. Según estimaciones del IMSS, 90 por ciento de estos trabajadores que deberían estar afiliados sólo tienen un contrato verbal. Entre los trabajadores que laboran sin local, el IMSS destaca que la proporción de asalariados que están en casa del patrón es más grande que los ambulantes.
A partir de 2008, el SAT, junto con el IMSS, INFONAVIT y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), verificarían las empresas dedicadas a la prestación de servicios profesionales y suministro de recursos humanos para evitar la evasión y elusión fiscal de “cantidades inmensas” por medio de subcontratistas. Un grupo especial para realizar auditorias a 445 firmas que ofrecían sus servicios con la oferta de dejar de pagar nómina y prestaciones para reducir los costos laborales hasta en 30 por ciento.
Según Carlos Cárdenas Guzmán, entonces vicepresidente de Asuntos Fiscales del IMCP, las autoridades fiscales ya tenían identificado “hasta el automóvil que maneja el principal promotor de este esquema de evasión porque, además es el único Rolls Royce de su tipo en México”. La expansión del mercado de subcontratistas se daba bajo las figuras de sociedades cooperativas, sociedad en nombre colectivo, integradoras e integradas, sociedades de solidaridad social y hasta sindicatos y uniones.
En el caso de una cooperativa, por ejemplo, se afiliaba como socios a los trabajadores de una persona moral para evadir el registro del IMSS, SAR e INFONAVIT y las respectivas aportaciones. Se eliminaban el aguinaldo y vacaciones, así como el impuesto sobre nómina y el reparto de utilidades.
Hay que agregar el severo impacto de los sindicatos fantasmas de protección sobre las finanzas del IMSS. Durante 2008 detentaban cerca del 92 por ciento de los contratos colectivos del país, cobrando altas cuotas y controlando la sindicalización. La masa de dinero en juego corría a través de “igualas” mensuales a pseudo líderes sindicales para mantener “en paz” a los trabajadores. Dirigentes y despachos de abogados al cargo de la venta de protección sindical para las empresas, cobraban cuotas por trabajador y recibían “pagos especiales por evento”: despidos masivos y recorte de prestaciones entre otros.
Esa figura de outsourcing se legaliza con la reforma laboral calderonista del 1 de septiembre 2012, defendida por el -ahora senador- Javier Lozano y que se ha ganado a pulso el más unánime de los repudios.
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de